La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dado luz verde a un impuesto del 2% que la Ciudad de México aplicará a las plataformas digitales de reparto y entrega a domicilio. Esta decisión ha generado controversia y abre un debate sobre la regulación fiscal de la economía digital en México. ¿Qué significa esto para empresas como Rappi, Didi y Uber, para los repartidores, los comercios y los usuarios?
¿De qué se trata el impuesto a las apps de reparto?
Desde 2022, el Código Fiscal de la Ciudad de México establece que las empresas que operan plataformas digitales de reparto deben pagar un 2% sobre cada operación que utilice la infraestructura urbana. El gobierno de la ciudad argumenta que estas empresas utilizan la red vial y, por lo tanto, deben contribuir a su mantenimiento.
La controversia: ¿Impuesto justo o barrera a la innovación?
La medida ha sido criticada por organizaciones del sector digital, abogados y trabajadores, quienes argumentan que se trata de un impuesto “especial” que discrimina a este tipo de actividad y que podría tener efectos negativos en cascada. La AlianzaIn México, que agrupa a plataformas como Didi, Uber y Rappi, ha expresado su preocupación por el impacto regresivo que este impuesto podría tener en el ecosistema de plataformas, del que dependen miles de personas.
Uno de los principales argumentos en contra del impuesto es que genera un trato fiscal discriminatorio en comparación con otros servicios similares. Además, se ha advertido que podría tensionar los compromisos adquiridos por México en el T-MEC, que prohíbe imponer cargas diferentes que afecten más a ciertos tipos de empresas, especialmente si son de origen extranjero.
La AlianzaIn también ha señalado que el impuesto funciona como una “barrera de crecimiento y un desincentivo a la innovación”, y que podría provocar un “efecto sistémico” si otras entidades replican el modelo. Aunque el impuesto no se cobra directamente a los repartidores ni a los clientes, las empresas advierten que la carga podría trasladarse en forma de menores ingresos para los repartidores o mayores costos para los comercios afiliados.
El Confuso panorama legal
La situación se complica aún más por el hecho de que la SCJN había considerado inconstitucional el mismo artículo del Código Fiscal en un juicio anterior, al determinar que el cobro podía constituir un gravamen indirecto a repartidores y usuarios. La existencia de dos sentencias contradictorias genera incertidumbre y abre la puerta a la confusión.
¿Qué sigue para la economía digital en México?
La validación de este impuesto plantea interrogantes importantes sobre el futuro de la economía digital en México. ¿Servirá como modelo para otras entidades federativas? ¿Cómo afectará la competitividad de las plataformas digitales mexicanas frente a las extranjeras? ¿Se traducirá en mayores costos para los usuarios y menores ingresos para los repartidores?
La economía digital es un motor clave del crecimiento económico y la innovación. Es fundamental encontrar un equilibrio entre la necesidad de recaudación fiscal y la promoción de un entorno favorable para el desarrollo de las empresas tecnológicas.
Fuente: Expansión Tecnología
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