El mundo digital se ha convertido en un pilar fundamental de la economía global, y México no es la excepción. Sin embargo, una reciente modificación a las leyes fiscales mexicanas está generando un debate acalorado sobre la privacidad, el control gubernamental y el futuro de la innovación en el país. Prepárense, geeks, porque esto les interesa.
Artículo 30-B: La Propuesta que Desató la Tormenta
El artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación, que forma parte del Paquete Económico 2026, ha sido aprobado por la Cámara de Diputados. Esta nueva regulación exige que todas las plataformas digitales operando en México, desde servicios de streaming hasta marketplaces y apps de transporte, otorguen al Servicio de Administración Tributaria (SAT) acceso permanente y en tiempo real a sus sistemas internos.
¿El objetivo? Según el gobierno, modernizar la recaudación de impuestos y combatir la evasión fiscal. Pero la industria tecnológica y diversas organizaciones de la sociedad civil ven en esta medida un peligroso precedente para la vigilancia masiva y una potencial violación de derechos fundamentales.
¿Qué Implica el Acceso “En Tiempo Real” para los Usuarios?
La principal preocupación radica en la amplitud del acceso que se otorgaría al SAT. Aunque la ley indica que solo se accederá a la información necesaria para verificar el cumplimiento fiscal, no existen mecanismos técnicos claros que garanticen este límite. Esto significa que el gobierno podría tener acceso a datos transaccionales, patrones de comportamiento de los usuarios y flujos financieros en tiempo real.
Guillermo Malpica, director ejecutivo de AlianzaIn, lo resume de manera contundente: “Es una interferencia desproporcionada en los derechos fundamentales de la ciudadanía. El acceso en línea y en tiempo real es en sí mismo un acto de molestia sin garantías del debido proceso”.
Riesgos para la Privacidad, la Libertad de Expresión y el T-MEC
Las implicaciones de esta reforma son profundas:
- Privacidad: La falta de controles judiciales y auditorías independientes pone en riesgo la privacidad de los usuarios y la protección de sus datos personales.
- Libertad de Expresión: La Alianza Latinoamericana de Internet (ALAI), que agrupa a gigantes como Meta, Google, Amazon y TikTok, advierte que esta medida podría convertirse en una forma de censura indirecta, al permitir al Estado restringir el acceso a plataformas que millones de personas utilizan para comunicarse e informarse.
- T-MEC: El incumplimiento de esta obligación podría acarrear el bloqueo temporal de servicios digitales, lo que podría vulnerar la posición de México ante el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), cuya revisión está prevista para 2026.
Pymes en la Mira: ¿Un Retroceso en la Formalidad Económica?
Las pequeñas y medianas empresas (pymes) que operan en el entorno digital también se ven amenazadas por esta reforma. Mercado Libre, por ejemplo, ha señalado que los nuevos mecanismos de retención y supervisión digital ponen en riesgo a más de un millón de pymes que venden en línea, amenazando con un retroceso masivo en la formalidad económica.
David Geisen, director general de Mercado Libre en México, explica que “los porcentajes de retención propuestos reducen de forma inmediata el flujo de capital mensual de las pymes, que operan con márgenes de ganancia entre el 2% y 6%, limitando su capacidad para comprar inventario, invertir y sostener empleos”.
¿Un Modelo de Vigilancia Estatal al Estilo Chino?
Organizaciones y expertos advierten que esta medida coloca a México en un modelo de vigilancia digital estatal comparable con el de regímenes autoritarios como China, Rusia, Turquía y Hungría, donde el acceso a la información digital se realiza sin autorización judicial.
El Futuro de la Economía Digital en México: ¿Qué Podemos Esperar?
La implementación del artículo 30-B, prevista para el 1 de abril de 2026, aún depende de su aprobación en el Senado, su promulgación y su publicación. Sin embargo, el debate ya está abierto y la preocupación en la comunidad tecnológica es palpable.
Si esta reforma se implementa sin límites técnicos ni judiciales claros, el SAT podría transformarse en un observador omnipresente del ecosistema digital mexicano, capaz de inspeccionar en tiempo real la infraestructura económica y social de internet. ¿Estamos preparados para este escenario?
Fuente: Expansión Tecnología
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